Las tasas judiciales y su efecto en la justicia

Este breve artículo no pretende hacer una crítica política de ningún tipo, sino dar una opinión sobre la manera en que nuestros Tribunales de Justicia se ven afectador por las tasas judiciales.  Dicho esto, a mojarnos en este asunto esperando no aburrirles.

El objeto de las tasas judiciales siempre ha sido el de disuadir a los particulares de iniciar un procedimiento judicial en el que el Estado tenía que destinar gran cantidad de recursos, tanto económicos como humanos, para arreglar problemas que perfectamente podrían solucionarse con un poco de buena fe.  Hasta ahí la teoría perfecta, el problema surge en aquellas situaciones en las que, no sólo no puede evitarse el pleito, sino que además, una vez se ha dictado sentencia desfavorable para nuestros intereses, queremos ejercer nuestro derecho a que revisen la sentencia en segunda instancia mediante el recurso de apelación.  Llegados a este punto, nos encontramos con que hay que pagar una tasa de 800 euros, además de unas variables en función de la cuantía que discutimos, amén de la minuta de abogado y procurador con la que ya contábamos que sumado al riesgo a que nos condenasen en costas si perdiéramos de nuevo, eran razones disuasorias suficientes como para que la gente se pensase si iniciar un pleito o no sin tener que sumarle además una tasa que supera con creces el salario mínimo interprofesional de este país.

La gente no pleitea por capricho o por vanidad, y curiosamente, los casos en lo que sí se dan estas circunstancias, son mayoritariamente del ámbito penal, que sí están exentos de tasas judiciales y que tienen colapsados los tribunales de toda la nación por procedimientos en primera instancia en los que, el día del juicio, si la parte denunciante no se presenta, no le pasa nada, y si el denunciado hace lo mismo, es declarado en rebeldía.  Si a esto le sumas el gasto en dinero y tiempo de la Administración de Justicia, los lectores comprenderán el porqué de las listas de espera tan grandes que sufren nuestros tribunales.

Las tasas no sólo están encareciendo el acceso a la justicia, sino que además, están provocando una fractura social entre aquellas personas que pueden permitirse pagar y las que no, y todo, para el ejercicio de derechos que ampara nuestra Constitución por el hecho de ser ciudadanos españoles.  Nuestros Tribunales se han pronunciado de forma contraria a la tasa, argumentando que la desproporcionalidad de la misma no puede impedir el libre acceso a la justicia.  Esta es la opinión del Consejo General de la Abogacía y la de la mayoría de profesionales, que directa o indirectamente, intervienen en el funcionamiento de la Justicia en España.

Las tasas, o bien deber ser reducidas a cantidades accesibles para cualquiera (30 o 40 euros cada pleito por ejemplo), a fin de ayudar al mantenimiento de los gastos más básicos de la Justicia, o bien deben ser suprimidas y destinar más recursos del Estado a Justicia, puesto que no olvidemos que España es el país de la UE con menos jueces por habitantes (11 por cada 100.000 siendo la media 19) y el primero en casos de materia Civil y Mercantil por resolver.

Ante lo anteriormente expuesto es evidente que se ha olvidado la idea original de la tasa, que al fin y al cabo era intentar que la gente arreglase sus problemas hablando y lo hemos cambiado por el ansia recaudatoria provocada por una crisis que se ha llevado por delante nuestras ilusiones, nuestra economía y nuestros derechos.

La ley de estabilidad y las entidades locales

La modificación del artículo 135 de la Constitución Española supuso el inicio de una serie de reformas legislativas encaminadas a encumbrar el principio de Estabilidad Presupuestaria como pilar fundamental de la política económica y financiera de nuestro país, en consonancia con los acuerdos firmados en el marco de la Unión Europea. Para definir este principio constitucional, se aprobó la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, teóricamente con el objetivo de impulsar el crecimiento y la creación de empleo en la economía española. En realidad perseguía en el corto plazo calmar a los mercados de deuda que estaban encareciendo en muy poco tiempo los intereses que tenía que pagar España para financiar nuestras necesidades de gasto. Un año después de la aprobación de la reforma constitucional en verano de 2011, la prima de riesgo se duplicó hasta casi llegar a los 650 puntos básicos, en un entorno en que la deuda pública no superaba el 60% del PIB. El Banco Central Europeo intervino y relajó la presión de los mercados contra nuestra deuda, de forma que actualmente se encuentra en el entorno de los 130 puntos básicos, con una deuda pública en torno al 100% del PIB, demostrándose que la garantía en el pago de la deuda y los intereses no era la cuestión fundamental de la estabilidad económica y financiera del país.

En consecuencia, tampoco el pago de la deuda debería haberse impuesto por delante de otros derechos sociales como la dependencia o la igualdad, o de inversiones en educación, empleo o investigación que sin lugar a dudas son el “motor” de cualquier economía. Es evidente pues la precipitación en la aprobación de una voluntariosa norma que no cumplió su objetivo inicial, y que no se pudo debatir con el tiempo necesario como para pactar aspectos alternativos a una política económica única, rígida e imprevisible.

De esta forma, la propia definición que la Ley efectúa de la estabilidad presupuestaria, como la situación de equilibrio o superávit estructural, introduce un auténtico concepto jurídico indeterminado, no sólo por la dificultad técnica en el cálculo de esta magnitud, que es susceptible de cambiar a cada momento, sino también por la complejidad de la instrumentalización de este principio que impide básicamente su control directo, al depender de previsiones y complejas reglas de gasto y fiscales difíciles de coordinar.

En cualquier caso esta reforma también pretendía la loable misión de restaurar la credibilidad en las cuentas públicas, cuyos balances estaban muy castigados por la crisis económica, financiera e inmobiliaria. En este sentido, es necesario recordar que en 2012, año de aprobación de la Ley de Estabilidad, el déficit público en porcentaje del PIB de la Administración Central fue del 4,11% y la deuda pública del 72,44%, en tanto que en la Administración Autonómica el déficit fue del 1,76% y acabó con una deuda del 17,58%, y finalmente el conjunto de la Administración Local tuvo un déficit del 0,15% y una deuda pública en torno al 4%.

Como puede observarse el problema estaba en los Ayuntamientos, única Administración que viene cumpliendo los objetivos de consolidación fiscal, por este motivo había que ajustar aún más sus cuentas, aprobando la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, con la excusa de adaptar la Ley de Estabilidad a estas Entidades, supuestas duplicidades de competencias, mejora de su eficiencia en la prestación de los servicios públicos, e incluso apelando a la modernización de la función pública local.A la vista del gobierno del partido popular entre el Estado y las Comunidades no existen duplicidades, desarrollan sus servicios con eficiencia, establecen unas previsiones de gastos e ingresos muy creíbles y documentadas, y disponen de unos funcionarios técnicamente eficaces y muy valiosos, así lo acreditan sus resultados anuales en términos de magnitudes como el déficit público y deuda pública.

Desde la perspectiva del PP, cuando un Ayuntamiento ayuda a un dependiente suministrándole un servicio o abonándole una cantidad económica está duplicando una competencia que pertenece a la Comunidad Autónoma, rechazan la posibilidad de que la Administración más cercana al ciudadano ha analizado su situación ofreciéndole una ayuda que no percibe de quién tiene la competencia, o simplemente es insuficiente. En definitiva, entiende que puede mejorar la vida de ese vecino, y le compete interferir en la mejora de sus condiciones en la medida de lo que le permita su presupuesto. De hecho, conforme a la Ley de Bases del Régimen Local anterior a la reforma operada por la Ley de Racionalización, las Entidades Locales eran competentes para actuar en cualquier ámbito de interés para sus vecinos, con respeto a la Constitución y las Leyes. Con independencia del recorte del principio Constitucional de Autonomía Local que supone la aprobación de esta Ley, su único objetivo, manifestado también a través de sus medios, es conseguir un recorte de gastos adicional de más de 8.000 millones de euros, a costa de las Entidades Locales, sin importarles las consecuencias que pueda tener en la ciudadanía la reducción de sus inversiones y prestación de servicios en general.

Paralelamente no han optado por compensar el recorte en el gasto con un incremento en los ingresos a través de una reforma de la Ley de Haciendas Locales que desvinculara definitivamente la recaudación tributaria de la actividad inmobiliaria, que facilitara así el cumplimiento del principio de Estabilidad Presupuestaria y, a su vez, generara una capacidad de financiar nuevos servicios públicos e inversiones. Tan sólo han propiciado el incremento del tipo impositivo del IBI, elevando aún más la presión fiscal de los que tienen una vivienda en propiedad.

Nada de esto les importa, los Ayuntamientos para el Partido Popular no son más que un instrumento de política económica a través del cual mejorar globalmente los porcentajes de déficit y de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas.

En lugar de propiciar un acercamiento de la Administración a los ciudadanos a través de Entidades más cercanas que puedan, de forma efectiva, mejorar sus condiciones de vida, conducen a los Ayuntamientos a un papel residual dentro de la Administración, a un mero número, cuya importancia radica únicamente en mejorar los ratios de los datos económicos agregados que tenemos que remitir a Europa dentro del pacto de Estabilidad.

El último ninguneo a los Ayuntamientos por parte de nuestro actual gobierno ha venido de la mano de las conocidas daciones en pago y ejecuciones hipotecarias que realizan las Entidades de crédito respecto de los ciudadanos o empresas que no pueden devolverles sus créditos hipotecarios. En efecto, en julio de este mismo año se aprobó el Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio, por el cual, y con efectos desde el 1 de enero de 2014, estas operaciones están exentas de tributación por el impuesto municipal sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Nada que objetar a que trate de beneficiarse a unas personas que están en una situación económica crítica, sin embargo, en lugar de trasladar el pago de este tributo a las Entidades Financieras mediante la figura del sustituto del contribuyente, o asumir este beneficio fiscal con cargo a los presupuestos generales del Estado mediante la compensación que establece el artículo 9º de la Ley de Haciendas Locales, adivinen quién asume el coste de tal exención: los Ayuntamientos. Una vez más las Entidades Locales ven mermadas sus Haciendas y, por tanto, su capacidad de financiación, a favor de los bancos y de la política económica general del Estado que no quiere ver incrementado su déficit público.

A modo de conclusión, el principio de Estabilidad Presupuestaria como instrumento necesario y suficiente de salida de la crisis económica, integrado como básico en nuestra Constitución, desarrollado a través de una Ley Orgánica poco consensuada y que adolece de los desarrollos reglamentarios necesarios para su correcta y eficaz aplicación, ha supuesto el recorte de gasto en servicios e inversiones básicas de nuestra sociedad que no sólo están poniendo en peligro los cimientos del llamado estado de bienestar, sino el de las propias finanzas. Anualmente España incumple los importes que se han pactado con la Unión Europea de déficit y deuda pública, al igual que otros países, de forma que no son pocas las voces que reclaman un cambio de sistema e inversiones que reactiven la economía, mejoren el empleo y, consecuentemente, las cuentas públicas.

En lo que respecta a los Ayuntamientos, el Estado no se ha conformado con la Ley de Estabilidad, sino que mediante la Ley de racionalización ha encorsetado aún más sus posibilidades económico-financieras y de inversión, reduciendo sus competencias efectivas, su Autonomía, siendo meros instrumentos de mejora de los datos agregados de gasto del conjunto de Administraciones Públicas.

(Des)Empleo Juvenil

Según el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), el paro sigue encabezando la lista de preocupaciones que en la actualidad tenemos los españoles, esto es una evidencia si tenemos en cuenta que nuestra tasa de paro se encuentra en el 24%, es decir 5,5 millones de personas en situación de desempleo. Me gusta resaltar esta palabra, personas, porque en realidad creo que a veces leemos los datos y nos olvidamos que en realidad no se trata sólo de números.

Esta situación afecta a todos, jóvenes y menos jóvenes, pero sin duda es el desempleo juvenil el que dispara nuevamente los datos, con una tasa de paro de hasta el 50%. Es decir, la mitad de los jóvenes de hasta 24 años están desocupados y ya se les ha encasillado como “la generación perdida”, aunque paradójicamente sean también “la generación mejor preparada de la historia”; porque eso sí, aunque no sepamos cómo abordar una situación siempre sabemos cómo etiquetarla.

¿Cómo es posible tal paradoja? Si como apunta Carles Feixa tenemos un “nuevo lumpemproletariado de jóvenes hiperformados e hiperinformados”, ¿qué ocurre para que no tengan acceso al mundo laboral o lo tengan en menor medida que el resto de la población activa?

¿La falta de experiencia?

Además de la situación económica actual, la falta de experiencia laboral es el principal hándicap con el que tropiezan nuestros jóvenes en su búsqueda de empleo. Una experiencia que quizás esté hipervalorada, cuando se sitúa por encima de otros aspectos tales como la creatividad, la iniciativa, la motivación, la comunicación, el trabajo en equipo, etc. Es decir, cada persona además de la formación y de la experiencia profesional, posee unas capacidades y habilidades determinadas que son un potencial a tener en cuenta.

Nos enfrentamos a un problema que lejos de afectar sólo a la generación que lo sufre, es un problema que nos concierne a todos porque afecta al desarrollo de nuestro país. Por tanto, corresponde a todos y sobre todo a las Administraciones Públicas desarrollar algún método que ataje este círculo vicioso en el que están inmersos nuestros jóvenes: como no trabajan, no tienen experiencia, como no tienen experiencia no acceden al mundo laboral.

Más allá de hablar de becas o contratos en prácticas y/o de formación que la mayoría de las veces simplemente son un velo con el que cubrir la precariedad laboral, tenemos que abrir otras puertas de acceso que están blindadas con esa hipervalorada experiencia laboral.

Pongamos un ejemplo práctico: el acceso a puestos de trabajo de personal laboral en Administraciones Públicas en el que la experiencia profesional se valora con la máxima puntuación. Puntuación que va en aumento si has trabajado en alguna Entidad Local o en la Administración Pública. Por supuesto que la igualdad es un principio que debe regir en todo el desarrollo del proceso selectivo, pero atendiendo a las circunstancias actuales ¿no sería también viable establecer políticas de discriminación positiva?, ¿por qué no reservar un porcentaje de las plazas que se ofertan como personal laboral a jóvenes que no tienen experiencia profesional?, ¿por qué no dejar que adquieran esa experiencia bajo la tutela de las Administraciones Públicas?, ¿por qué no romper ese círculo vicioso en el que están inmersos?  

En definitiva, por qué no darles una oportunidad a esos jóvenes hiperformados que conforman la generación mejor preparada de la historia pero que lamentablemente no han tenido la oportunidad de demostrar su potencial porque el acceso al mundo laboral les está vetado por su inexperiencia.  

Cada día que pasa sin que desarrollemos programas que dinamicen a estos colectivos de jóvenes y que den una oportunidad a aquellos que no se han incorporado al mercado laboral, es un día que suma cientos y miles de oportunidades perdidas; no sólo para esa generación perdida sino para el conjunto de la sociedad que pierde cientos y miles de activos, cientos y miles de posibilidades de desarrollo, cientos y miles de personas que tienen mucho que aportar.

Ciudadan@, vecin@, torrijeñ@

Todos los y las que vivimos en Torrijos somos las tres cosas a la vez.  Y cada una de ellas hace referencia a una de las facetas que toda persona tiene cuando vive en una comunidad. Como ciudadanos, somos titulares de derechos y deberes.  Como vecinos, tenemos la característica de vivir en cercanía, contiguos unos de otros.  Como torrijeños, nos caracteriza un mismo lugar de procedencia o de residencia, con una historia común.    La combinación de las tres acepciones explica como un municipio debe funcionar por el empuje y compromiso de personas que viven compartiendo un mismo lugar organizándolo para su propio disfrute y progreso.

Quizás tras leer estas primeras palabras, que juegan con los tres conceptos y su significado, podamos llegar a preguntarnos por qué las cosas están fallando tanto.  Sobre todo si esa pregunta se la hacemos a gente de otras generaciones que pueden tener mucho más a flor de piel el alma de cada palabra.

Es posible que este mundo en que corremos por construir un futuro personal mejor, nos haya hecho omitir una parte importante de nuestro compromiso colectivo.  Nos hemos convertido en sujetos de derechos, pero no de obligaciones.  En personas que habitan un lugar, pero que no saben ser vecinos.  Y donde la palabra torrijeño, únicamente implica un punto geográfico, sin aportar unas raíces o un legado.

Ese olvido del compromiso, del trabajo por el bien común, ha dado como resultado que organizaciones que proceden de la voluntad popular como son los partidos políticos terminen caminando solas, sin la supervisión, el apoyo y la guía de los tres de antes: ciudadan@s, vecin@s, torrijeñ@s.  Han terminado andando despistadas, en otras cosas, sin la compañía y el consejo imprescindible y necesario de los citados, errando más de lo debido.  Es fundamental que todos ellos, vuelvan a recuperar su espacio.  No solo los partidos políticos, también los colectivos profesionales, las asociaciones juveniles o culturales, los equipos deportivos, los clubs de aficiones diversas, las peñas o cualquier grupo de personas que sienta que tiene el deber, la obligación y el disfrute de hacer algo y aportar.  Más de un@ os está esperando.

¡Ya estamos aquí!

"La Sementera o cómo morir de éxito" por Anastasio Arevalillo Martín.

Acabada la Sementera 2014, es momento de hacer un análisis en frío de las fiestas.

Lo primero y principal es que han transcurrido sin ningún tipo de incidente digno de mención, ni en lo bueno ni en lo malo. 

Desde el año 1999 hasta el 2007, el que os habla fue el concejal de festejos del Gobierno Municipal Socialista que gobernó Torrijos. En todo ese tiempo, lo que pretendimos es que la gente de todas las edades saliera a las plazas y a la calle. Que la chavalería saliera de sus locales diseminados por todo el término urbano y que los jóvenes-maduros con hijos y más mayores tuvieran un motivo para no irse de vacaciones en esos cinco días.

Para conseguir todo eso, diseñamos unas fiestas donde en todas las horas del día hubiese un evento que diera motivos a los torrijeños y vecinos de la comarca a vivir la fiesta. 

Entorno a la idea de una paella gigante y dos chiringuitos que había en el año 2000, se fue conformando con los años algo parecido a lo que conocemos hoy. Al siguiente año, le añadimos la música en la plaza, el reparto de jamón y cerveza, la gente fue llenando la plaza y en las siguientes ediciones se multiplicaron las carpas alrededor de la plaza. 

Catorce años después, tengo la sensación que lo que hoy seguimos conociendo como “las cañas” se está desvirtuando. Como he dicho antes, todo fue creciendo y sumando para envolver el reparto de una paella gigante; pero hoy cada chiringuito hace la guerra por su cuenta. Cada uno tiene su música, cuanta más alta mejor, lo cual convierte a la plaza de España en una olla a presión de sonido atronador e ininteligible. La sensación que he tenido este año es que: sí, la plaza está llena, pero ya no se vive la fiesta en común, en el centro de la misma, todos juntos, sino diseminada en trocitos de diez metros que es lo que ocupa cada carpa-chiringuito. Desde mi punto de vista, este evento necesita una vuelta de tuerca. Una década y media después de su creación, entre todos debemos pensar y aportar la mejor solución para su continuidad, como mínimo, otra década más en perfecto estado de salud.

Con el gobierno de Gómez-Hidalgo se eliminaron los correfoc y el desfile de Moros y Cristianos, la Cantuka, que llenaban las primeras horas nocturnas de los jueves, viernes y sábados, provocando que la gente volviera a salir a las calles y encaminar: a unos, a las orquestas de la plaza; y a otros, a los conciertos de Maesa o Recinto Ferial Quixote. Todo ello, por un ferial que conexionaba completamente ambos eventos.  Todos esos espectáculos de transición se han perdido, y no digo que tengan que ser los mismos que entonces, pero sí alguno que dé motivos a los torrijeños a salir cada noche a la calle. Si las fiestas se basan solo en el éxito de “las cañas” de la plaza, provocaremos que no haya alicientes nuevos y nuestros vecinos se volverán a ir de vacaciones durante estos días. 

En esta Sementera 2014, ha habido una sola novedad: “Lux Sementera”. Para ser la primera vez que se hace como tal, me ha parecido correcto, pero nunca como sustitutivo de la pólvora. Me resulta curioso recordar cómo el PP en la oposición me exigía mejores fuegos artificiales y más inversión en ellos; y ahora que gobiernan, se niegan a dar a los torrijeños lo que tanto añoran: su tradicional pólvora de los miércoles por la noche.

A partir de ahí, no se ha inventado nada. En el año 2006 creamos en la zona de conciertos todo un recinto con carpas para que los grupos de amigos tuvieran allí su local, que tuvo muchísimo éxito y hubiese tenido mayor demanda y proyección en años sucesivos, pero el gobierno del PP se lo cargó. 

Con respecto a la programación de esa zona en la Semetera, a parte de la chapuza que liaron con el no concierto de Fangoria y la instalación tardía de una carpa el sábado en Maesa, se han sucedido conciertos y discotecas móviles con gran éxito de público, eso sí, al igual que las orquestas de la plaza que eran de un nivel extraordinario. Pero una lástima que el “conciertazo” que supone traer a un grande como Loquillo se viera empañado por la improvisación, la mala programación y la falta de publicidad.

En definitiva, La Sementera  tuvo una primera revolución con la creación de las Peñas y el buen hacer del Sr. Girón (PP); después una segunda, en los años de gobierno socialista; y creo que, pasados los años, necesita una reprogramación ideada no solo por el concejal de festejos de turno, ni por la comisión de festejos municipal, sino por una Comisión Local de Fiestas que aglutine personas de diversa índole implicadas de algún modo en estas fiestas. 

La Sementera hay que apuntalarla, fomentarla, no dejarla transcurrir sola, incentivar con espectáculos distintos cada día y seguir ahondando en la colectividad festiva para beneficio de todos: público y hosteleros. Y todo ello, hay que hacerlo ahora, cuando todavía sigue respirando y no esperar a que muera de éxito.

"¿Completos bobos?" por Javier Marías.

La operación empezó ya con brío antes de agosto, y prepárense para lo que ha de venir, es interesante: el Gobierno de Rajoy intentando convencer a la población de que las cosas son exactamente lo contrario de lo que ésta vive, percibe y padece a diario. Si el Gobierno lo consigue, habrá que aceptar que la realidad ya no cuenta y que somos peleles idiotizados, incapaces de pensar ni ver por nosotros mismos, meros rehenes de la propaganda institucional (y de los medios de comunicación afines, o más bien serviles, o temerosos en algunos casos); que las palabras falsas poseen más fuerza que las evidencias y que nos hemos convertido en seres domesticados y en completos bobos. Todo puede ser.

Algunos recordarán cómo, en la última época de Zapatero, el PP deseaba con fervor que la economía y el país fueran mal y hacía todo lo posible para que así sucediera. No tenía que esforzarse mucho (el país y su economía iban fatal), pero aun así puso todo el ahínco imaginable en que marcharan aún peor, para así ganar las elecciones de 2011 como las ganó, por mayoría arrasadora. Ahora, cuando faltan pocos meses para las municipales y autonómicas, y catorce para las generales del 2015, le toca afirmar que España está en plena recuperación (!), que es casi la nueva Alemania, e incluso que es “la tierra de las oportunidades” (!), mientras no cesa el éxodo de jóvenes titulados, y no tan jóvenes, hacia otros países porque aquí sólo les espera la cola del paro o un trabajo precario o una explotación descarada por parte de los empresarios, con las manos libres gracias a la reforma laboral de Báñez y Rajoy. El Gobierno recurre a datos vacuos y manipulados. Los desahucios están disminuyendo, dice, pero calla que eso es lo natural, por la sencilla razón de que ha habido ya tantos durante sus tres años de gobernación que, lógicamente, apenas queda ya gente por desahuciar. Es como si se asegura que un país en guerra está finalmente pacificado cuando uno de los dos bandos ha sido exterminado: ya no hay nadie vivo beligerante. Otro tanto ocurre con las cifras del paro. El Gobierno presume de que el número de desempleados “ya” no aumenta e incluso ha descendido un poco en primavera y verano, cuando mucha gente es breve y parcialmente contratada en los sectores de hostelería y turismo. Lo que calla es que los parados computables son menos porque: a) muchos han abandonado la búsqueda de trabajo, han desistido tras años de frustración; b) otros muchos han ido cumpliendo una edad en la que ya es seguro que nadie los contratará jamás; c) centenares de millares han emigrado al extranjero y por tanto ya no llaman a la puerta del INEM ni de nada español; d) no pocos parados de larga duración han muerto (bastantes suicidados), por lo que, obviamente, tampoco cuentan; e) otra gran porción de la población ha optado por las chapuzas en negro, ha convertido en su modus vivendi la actividad clandestina o sumergida, y por tanto no tiene el menor interés en figurar en ningún sitio oficial; f) cerca de un millón de inmigrantes de los años noventa y dos mil han regresado a sus lugares de origen o se han dispersado por Europa, también han dejado de contar. Si el Gobierno va eliminando a gente desesperada, a la larga, por fuerza, le queda menos gente desesperada. Lo increíblemente cínico es exhibir esto como un triunfo y decir que es producto de las sabias medidas dictadas por Rosell y los suyos y ejecutadas obedientemente por Báñez y Rajoy.

Cuando la recuperación llegue de verdad –si es que llega–, habrá que mirar las bajas, aunque casi nadie lo hará: una o dos generaciones echadas a perder, a las que sus años más productivos se les habrán escapado; un montón de jóvenes cualificados que no aportarán nada al país que los formó, sino al Reino Unido, Francia, Alemania, Suiza u Holanda; millares de pequeñas y medianas empresas que habrán echado el cierre por falta de créditos bancarios y por el empobrecimiento general de su clientela; incontables científicos, investigadores, arquitectos, artistas, que habrán debido suspender sus tareas y actividades: España será de nuevo un desierto intelectual, artístico y científico, como durante el franquismo. Pero lo mejor es esto: Rajoy y Montoro (que ahora anuncian ridículas “bajadas” de impuestos tras haberlos subido a lo bestia, y que –no lo duden– los volverán a subir en cuanto hayan pasado las elecciones, si las ganan) reconocen que esa “recuperación plena” aún no la notan las familias, esto es, las personas. ¿Y quién se supone que la ha de notar si no son las personas, los ciudadanos? España consiste sólo en eso, en sus ciudadanos, como cualquier otro lugar. Ningún país es un ente abstracto, o lo es tan sólo para los grandes financieros y los bancos. Nosotros, las personas de aquí, hemos perdido 12.000 millones de euros con el rescate público de un solo banco, Catalunya Banc. Esa monstruosidad de dinero equivale a lo que Rajoy ha recortado en sanidad y educación, dos esferas que el Gobierno habrá dejado devastadas cuando llegue la “recuperación”. Con este panorama, que durará largo tiempo si no siempre, ¿cómo puede nadie atreverse a pronunciar esa palabra, y añadirle el adjetivo “plena”? Pues ahí la tienen, llenando la boca del Presidente y sus acólitos, y más que se la llenará de aquí al 2015. Ya lo he dicho: si acaban convenciendo a alguien, será que nos hemos convertido en completos e irremediables bobos.

El País Semanal. 

La zona fantasma. 

14 de septiembre de 2014.