Este breve artículo no pretende hacer una crítica política de ningún tipo, sino dar una opinión sobre la manera en que nuestros Tribunales de Justicia se ven afectador por las tasas judiciales. Dicho esto, a mojarnos en este asunto esperando no aburrirles.
El objeto de las tasas judiciales siempre
ha sido el de disuadir a los particulares de iniciar un procedimiento judicial
en el que el Estado tenía que destinar gran cantidad de recursos, tanto
económicos como humanos, para arreglar problemas que perfectamente podrían
solucionarse con un poco de buena fe. Hasta ahí la teoría perfecta, el
problema surge en aquellas situaciones en las que, no sólo no puede evitarse el
pleito, sino que además, una vez se ha dictado sentencia desfavorable para nuestros
intereses, queremos ejercer nuestro derecho a que revisen la sentencia en
segunda instancia mediante el recurso de apelación. Llegados a este
punto, nos encontramos con que hay que pagar una tasa de 800 euros, además de
unas variables en función de la cuantía que discutimos, amén de la minuta de
abogado y procurador con la que ya contábamos que sumado al riesgo a que nos
condenasen en costas si perdiéramos de nuevo, eran razones disuasorias
suficientes como para que la gente se pensase si iniciar un pleito o no sin
tener que sumarle además una tasa que supera con creces el salario mínimo
interprofesional de este país.
La
gente no pleitea por capricho o por vanidad, y curiosamente, los casos en lo que sí
se dan estas circunstancias, son mayoritariamente del ámbito penal, que sí
están exentos de tasas judiciales y que tienen colapsados los tribunales de
toda la nación por procedimientos en primera instancia en los que, el día del
juicio, si la parte denunciante no se presenta, no le pasa nada, y si el denunciado
hace lo mismo, es declarado en rebeldía. Si a esto le sumas el gasto en
dinero y tiempo de la Administración de Justicia, los lectores comprenderán el
porqué de las listas de espera tan grandes que sufren nuestros tribunales.
Las
tasas no sólo están encareciendo el acceso a la justicia, sino que además,
están provocando una fractura social entre aquellas personas que pueden
permitirse pagar y las que no, y todo, para el ejercicio de derechos
que ampara nuestra Constitución por el hecho de ser ciudadanos españoles.
Nuestros Tribunales se han pronunciado de forma contraria a la tasa,
argumentando que la desproporcionalidad de la misma no puede impedir el libre
acceso a la justicia. Esta es la opinión del Consejo General de la
Abogacía y la de la mayoría de profesionales, que directa o indirectamente,
intervienen en el funcionamiento de la Justicia en España.
Las tasas, o bien deber ser reducidas a
cantidades accesibles para cualquiera (30 o 40 euros cada pleito por ejemplo),
a fin de ayudar al mantenimiento de los gastos más básicos de la Justicia, o
bien deben ser suprimidas y destinar más recursos del Estado a Justicia, puesto
que no olvidemos que España es el país de la UE con menos jueces por habitantes
(11 por cada 100.000 siendo la media 19) y el primero en casos de materia Civil
y Mercantil por resolver.
Ante lo anteriormente expuesto es evidente
que se ha olvidado la idea original de la tasa, que al fin y al cabo era
intentar que la gente arreglase sus problemas hablando y lo hemos cambiado
por el ansia recaudatoria provocada por una crisis que se ha llevado por
delante nuestras ilusiones, nuestra economía y nuestros derechos.
